• Para un verdadero combate a la delincuencia se necesita el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

• No debe haber justificación para violentar los derechos humanos de las poblaciones, apunta el regidor capitalino, Oscar Estrada.

Redacción.-

La militarización de la seguridad pública ha sido un tema constantemente analizado, criticado y expuesto como un fracaso total como estrategia contra la inseguridad, por lo que el recientemente Acuerdo federal para que la Fuerza Armada participe “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública”, preocupa por la alta violación a los derechos humanos que históricamente se ejecuta por estas fuerzas y la alta letalidad que distingue a estos cuerpos. Como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el regidor perredista Oscar Estrada Escobedo, observa con preocupación el que si bien el acuerdo publicado en el DOF este 11 de mayo de 2020, establece un periodo de 5 años para que el ejército actúe coordinado con seguridad pública en las calles, las instituciones de seguridad pública municipales y estatales pueden quedar desprotegidas y debilitadas, tanto en la imagen y confianza pública como en recursos tecnológicos y económicos.

“Nosotros en el PRD hemos insistido en que la estrategia de militarizar al país no es efectiva, la labor de la Fuerza Armada no es en las calles; el Ejército, la SEDENA, son instituciones con acciones muy particulares que distan mucho de los trabajos de patrullaje en calle”, lo preocupante es que la sociedad se acostumbre a tener una policía militarizada y naturalizar de cierto modo la violencia argumentando la lucha por la paz, situación que se contrapone en todos los sentidos.

Se recuerda que en 2018 mientras se valoraba el esquema de la creación de la Guardia Nacional, el PRD sostuvo que no era más que un paso a la militarización del país; basados también en las críticas y estudios de las organizaciones civiles en materia de derechos humanos como lo fue Amnistía Internacional; organismo internacional que se ha mantenido exigente hacia el Gobierno Federal para la claridad de las funciones de los elementos civiles y de los militares de la Guardia Nacional.

En sus diversos estudios e informes, se detalla que no debe permitirse que elementos militares de la Guardia Nacional participen en investigaciones de delitos o actúen como auxiliares del Ministerio Público; y que en los casos excepcionales donde los elementos militares “deban” llevar a cabo detenciones, éstas deben apegarse a los marcos legales de derechos humanos.

“Lo hemos discutido mucho tiempo, las policías municipales y estatales deben fortalecerse no desprotegerse, y este fortalecimiento no es con actos militares ni con fuerzas armadas, sino con estrategias efectivas de prevención, atención y combate a las delincuencias y violencias, todo apegado a los derechos humanos”, especialmente cuanto se trata de sectores altamente vulnerados como lo son las mujeres, niñas y niños, poblaciones originarias (indígenas) y Comunidad LGBTTTIQ.