Redacción.-

De cara al incremento de violencia intrafamiliar que se ha reportado en el servicio de emergencia 911 en el último trimestre; la Fiscalía del Estado de Aguascalientes durante la contingencia sanitaria actual, ha despedido a personal que da acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Hace unos días se dieron a conocer las cifras de las llamadas de auxilio al 911 de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el primer trimestre del año; en Aguascalientes se reportaron 8 mil 331 llamadas en el mes de marzo, la cifra incrementó un 29.34%.

Sumado a esto, frente a la situación del COVID-19, muchos gobiernos –como Jalisco- han emitido posicionamientos en relación a la protección de las condiciones laborales de las y los trabajadores, para garantizar la estabilidad de los empleos como una medida estratégica para amortiguar el impacto económico y de violencia que pueda llegar a tener esta crisis.

Mientras tanto en Aguascalientes, se continuaron con los despidos que han venido realizando desde marzo en el Centro de Justicia para Mujeres, mismos que no se detuvieron pese a la emergencia sanitaria; las afectadas en su mayoría son mujeres jóvenes, con hijas e hijos menores de 12 años, jefas de familia hoy desempleadas en plena crisis. Las razones de los despidos son varias pero son confusos y cuestionables para las mismas ex trabajadoras del Centro de Justicia para Mujeres, todo parece indicar que es por una cuestión ligada a la maternidad.

Desde la Comunidad Feminista de Aguascalientes cuestionamos al Centro de Justicia para Mujeres de Aguascalientes, su falta o nula profesionalización bajo un enfoque de género imprescindible para el desempeño de su función, tanto de su titular como de las y los operadores de justicia para las mujeres en la entidad. Debilidad que es evidente tanto en la calidad de sus atenciones como en el diseño de sus programas, que tiene como consecuencia generar prácticas de revictimización y reproducción de estereotipos frente a un incremento de violencia intrafamiliar, aunando a esto, una serie de despidos injustificados en plena pandemia de coronavirus.

Los despidos apuntan a colocar a personas cercanas al fiscal y el vicefiscal, en donde se destaca la insensibilidad y falta de comprensión sobre las funciones para las que fueron creados los Centros de Justicia en el país. La otra pandemia de violencia de género que vivimos las mujeres en nuestro país, se mantiene por la falta de perfiles profesionales de las personas que están tomando los espacios de las despedidas injustamente.

De nada sirven las campañas de información de los números a los que se pueden comunicar las mujeres en caso de ser víctimas de violencia, si las autoridades y servidores públicos que deben brindar el acceso a la justicia de las mujeres son despedidas de sus áreas de trabajo.

Hacemos un llamado al Gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, a voltear a ver el nulo trabajo que hace la Fiscalía y el Centro de Justicia para Mujeres, donde se violenta y revictimiza no solo a las usuarias sino también al personal.