• La discusión de la interrupción del embarazo debe ser desde la salud pública y no desde la moralidad.
Redacción.-
El Artículo 4º Constitucional en México estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, esta incluye la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tema que por moralismos e ideologías religiosas se ha convertido en una discusión pública entre grupos a favor y en contra de la educación sexual, los anticonceptivos y la interrupción del embarazo.
Desde el PRD históricamente hemos abanderado este tema en la agenda política nacional, al estar comprometidos y comprometidas en la prevención, la educación y conocimiento así como el acceso equitativo a los servicios de salud.
En estos momentos el país vive una polarización en cuanto a la despenalización del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra discutiendo una controversia-proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde se plantea que la actual legislación de Veracruz es discriminatoria y obstaculiza los derechos de las mujeres en materia de interrupción del embarazo.
Como perredistas consideramos que la discusión sobre la interrupción del embarazo no se reduce a la “vida” como algunos grupos lo han hecho ver; se trata de poder, de privilegios y de criminalización a lo desconocido. Constantemente hemos demostrado que el tema del aborto corresponde a una discusión de salud pública no de dogmas religiosos ni lucha de poderes.
El Estado debe garantizar el derecho a la salud pública a todas las mujeres sin importar su estatus económico, educativo, geográfico, por raza, grupo étnico, lengua o cualquier otra razón que vulnere sus derechos humanos.
Recordemos que en un Estado Laico como lo es México, el poder político y el religioso se encuentran claramente separados, y esto evita que sus prácticas, normas y leyes se basen en dogmas garantizando a la ciudadanía la libertad de conciencia.
A nivel nacional solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por decisión de la mujer; mientras que en el resto de las legislaciones está autorizada bajo la NOM-046 por las causales de violación, por riesgo a la salud y muerte de la madre así como por imprudencia.
Tengamos en cuenta que si la agenda pública nacional se concentrara en la educación sexual y reproductiva acorde a cada edad, si se trabajara en la prevención de la violencia y agresión sexual, así como en el acceso a la salud; no seríamos una nación con los números más rojos de Latinoamérica en cuanto a embarazos adolescentes no deseados y niñas muriendo al dar a luz.
Las y los perredistas continuaremos en la lucha por un país con políticas públicas y leyes libres de estigmas, apegadas al Estado de Derecho con perspectiva de género y derechos humanos.
