• En la reforma integral a 119 artículos del Código Electoral, se prohíbe y castiga la violencia política contra las mujeres; habrá multas económicas altas y la obligación del pago total de la reparación del daño para quienes la cometan.

• Ahora, partidos políticos estarán obligados a transparentar sus recursos que le fueron asignados para capacitación y desarrollo en materia de género.

• Se elimina el financiamiento público a asociaciones políticas; el proceso electoral 2020-2021, comenzará la primera semana del mes de noviembre del presente año.

Redacción.-

Durante la sesión plenaria de este jueves, LXIV Legislatura aprobó en lo general por unanimidad, el dictamen que resuelve diversas iniciativas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, producto de demandas sociales, con el propósito propiciar contiendas más equitativas, transparentes, con reglas más claras y con la mayor optimización de los recursos públicos.

Con el dictamen presentado por la diputada Mónica Becerra Moreno, Presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, se reforman 119 artículos del Código Electoral mediante la resolución de 27 Iniciativas, de las cuales 7 correspondieron a la anterior legislatura y 20 de la actual.

Entre las modificaciones aprobadas, destacan la prohibición de los actos de violencia política contra las mujeres por razones de género, hechos que se investigarán de oficio por parte de la autoridad, sin necesidad de presentar la denuncia.

Las sanciones contempladas por ejercer este ilícito, establecen que cuando lo cometan ciudadanos o dirigentes de partidos políticos, la multa se aplicará entre cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Y cuando sea el caso de que lo ejerzan personas morales, la sanción será de cien a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las reformas también especifican las obligaciones de los Partidos Políticos en cuanto a su actividad interna, como la comprobación del uso de sus presupuestos en la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

De igual manera, se clarifica el esquema a través del cual se dará el financiamiento público a los partidos políticos, siempre y cuando estén registrados y acreditados, estableciendo el porcentaje de entre el 40% y 60%, de acuerdo con el porcentaje obtenido en la elección de diputados locales anterior.

Y a la ciudadana o ciudadano que obtenga la candidatura independiente, mediante actos ilícitos, además de perder el derecho al registro de ésta o la cancelación, según sea el caso, será acreedor a una multa económica que iría de cien hasta cinco mil veces el valor diario de la UMA.

De igual manera se establece la prohibición de toda propaganda política o electoral que calumnie y que utilice datos personales, información o imágenes de niñas, niños y adolescentes sin su consentimiento y el de quien ejerza la patria potestad.

Cabe hacer mención, que en un artículo transitorio se establece que por única ocasión el Proceso Electoral 2020-2021 iniciará la segunda semana del mes de noviembre del presente año.

Momentos antes de la aprobación, en el debate en lo general, la diputada de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, celebró que estas modificaciones de largo alcance otorgan facultades suficientes a la autoridad para que sancione la violencia política contra mujeres, y por ende, los agresores serán sancionados, sin importar sin son líderes partidistas, candidatos, líderes de culto, por lo que ahora el Tribunal Electoral contará con herramientas para ordenar la reparación del daño a la víctima, con la reparación del daño total.

En su oportunidad, el legislador Sergio Augusto López Ramírez, aseguró que una reforma integral en materia electoral abarca aspectos no solo políticos, sino también de demandas ciudadanas; señaló que si bien es una avance legislar para inhibir la violencia política de género, sin embargo esto generará también conflictos que involucrarán instancias judiciales.

Anticipó que en lo particular propondría la prohibición para que el elector no ingrese a la casilla con su teléfono celular, con el objeto de evitar la coacción del voto.

Por su parte, la diputada Karina Banda Iglesias, negó que este dictamen sea “un traje a la medida de alguien”, pues se privilegió el interés ciudadano, con la aplicación de medidas que optimicen los recursos, y por ello también dijo que impulsará la obligación para que los

En su oportunidad, el legislador Luis Enrique García López, aprovechó el uso de la voz para manifestarse por un nuevo modelo democrático electoral y de participación, al señalar que la propuesta que se votó significa un soporte para que la sociedad participe en la elaboración de políticas públicas, pues se fortalece el voto libre, responsable y consciente, con la promoción de la tolerancia hacia la diversidad de pensamientos e instituciones, además de incluir la sanción y prohibición de la violencia política de género.

En cuanto al capítulo de reelección de los cargos de elección popular, se establece que las y los representantes populares tendrán derecho a aspirar a reelegirse, sin la obligación de separarse del cargo. En este punto, cabe hacer mención que, en lo particular, el legislador Gustavo Báez Leos propuso que no se derogaran las fracciones (como lo establece el dictamen) que regulan la reelección de diputados, en cuanto a que ésta se debía realizar por la misma demarcación y por el mismo partido o coalición por la que él o la representante popular fue electo, en apego a la Constitución Política Federal. Su moción fue rechazada por la mayoría del pleno, con 12 votos en contra, 11 a favor y 3 abstenciones.

Báez Leos, argumentó que cada distrito representa un sector de la población con características y retos peculiares, es la razón del porqué existen y se dividen poblacionalmente. Afirmó que el legislador es su representante, se convierte en portavoz de ese segmento poblacional, y por ello, el derecho a reelegirse no es un derecho absoluto o inherente al cargo.

La moción fue expresamente apoyada por las legisladoras Elsa Amabel Landín Olivares, Karina Banda Iglesias y el diputado Sergio Augusto López Ramírez.

Sobre el presupuesto asignado al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), a propuesta en lo particular de los diputados Elsa Landín Olivares, Karina Banda Iglesias y Jorge Saucedo Gaytán, quedó establecido como estaba en la legislación anterior, en el sentido de que el monto asignado al IEE sea progresivo y nunca podrá ser menor al etiquetado en el año electoral anterior.

En otra participación, se rechazó la propuesta del Diputado Sergio Augusto López para que se considere motivo de pérdida de candidatura a aquellos candidatos que cometan calumnia en contra de otro contendiente.

Por otro lado, también se aprobó su propuesta del legislador del Partido Verde, en el sentido para incluir en el texto del código el principio de discriminación positiva para la mujer, con el que se deberá beneficiar la cantidad de mujeres cuando el número de integrantes de los cabildos sea non.

En su oportunidad, la legisladora Elsa Landín Olivares propuso una reserva en lo particular, para que se establezca como requisito para ser candidata o candidato, no contar con una condena por violencia política de género. La moción fue aprobada por la mayoría, con 23 votos a favor y 3 abstenciones.

Otra de sus propuestas en lo particular, fue en el sentido de especificar la obligación que las mujeres encabecen las listas plurinominales en los cargos de regidurías de todos los partidos políticos. Landín Olivares refirió que en la historia política de Aguascalientes “nunca una mujer ha sido colocada en primer lugar de este listado”. La moción fue desechada por mayoría, con 17 votos en contra 5 a favor y 4 abstenciones.

Por otro lado, la diputada Karina Banda Iglesias, propuso en lo particular establecer precisiones sobre la aplicación de la ley de adquisiciones en la administración del IEE, principalmente en el rubro de la compra de suministros y materiales para llevar a cabo su función, con el objeto de propiciar una mejor coordinación entre organismos, pues se definen de manera más adecuada los ámbitos de competencia.